- Se cumplen dos años del desalojo y demolición de la propiedad de la familia Rosas García.
Por Leticia Rosas Martínez
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México emitió una resolución donde la Alcaldía Xochimilco debe “restituir el goce de sus derechos” a la familia Rosas García, indebidamente afectada por un procedimiento de desalojo que se realizó con lujo de violencia. Dicho documento fue firmado por la magistrada presidenta, licenciada María Eugenia Meza Arceo, el 13 de marzo de 2020, y forma parte del expediente TJ/V-67113/2019.
La Alcaldía de Xochimilco refirió, en su momento, que éste fue un procedimiento de recuperación de bienes de dominio público. Sin embargo, consta en el Registro Público de la Propiedad, que ese predio se encuentra inscrito desde 1908, reconociéndose como propiedad privada, y en legítima posesión de la familia Rosas García desde hace 45 años, lo que consta en el título de propiedad a nombre de Gregorio Rosas García, dueño legal del predio donde hasta hace 2 años habitaban 4 familias quienes fueron despojadas violentamente de su patrimonio.
Narra la familia que por instrucciones del alcalde José Carlos Acosta Ruíz, el desalojo fue ejecutado por el Director General de Jurídico y Gobierno de la Alcaldía Xochimilco, Francisco Pastrana Basurto, quien llegó a su casa acompañado por personal de la Alcaldía Xochimilco incluyendo gente de Gobierno la Ciudad de México, de todas las secretarías de gobierno; protección civil, seguridad ciudadana y obras el 20 de junio de 2019, procediendo a desalojar violentamente el predio, todo esto sin haber un juicio de por medio, violando los derechos humanos, como el derecho a tener una vivienda, así como el debido proceso y seguridad jurídica consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Unas horas después se llevó a cabo el desalojo y, de acuerdo con información difundida en medios de comunicación, fue realizado por más de 500 elementos de seguridad ciudadana conocidos como granaderos, quienes procedieron a cercar el predio cerrando calles y avenidas cercanas al domicilio de Ahuejotes #50, Ampliación San Marcos.
con más de 500 granaderos.
Foto facilitada por vecinos.
“Empezaron a demoler cuando aún se encontraban niños menores de edad y un adulto mayor dentro del inmueble. El Sr. Javier Rosas García, de 47 años, fue arrastrado y golpeado por los policías. Cabe recalcar que un vecino intentó grabar con su celular y al ser visto por los elementos de seguridad fue golpeado y posteriormente le quitaron su celular. Hubo jaloneos por parte de los elementos de seguridad ciudadana, golpes a un joven menor de edad y varios actos más de violencia hacia la familia”.
A decir de la licenciada Angélica Rosas García, quien actualmente lleva el caso, “las sanciones que corresponden a los servidores públicos son de tipo administrativo, por actuar indebidamente y por la Responsabilidad Patrimonial del Estado. También ameritan sanciones penales ya que sus actos y omisiones pueden constituir diversos delitos como es el despojo, robo, allanamiento de morada, daño a propiedad ajena, entre otros”.
El segundo aniversario de esta arbitrariedad y daño que vulnera los derechos humanos de las 4 familias que ahí habitaban, coincide con las recientes elecciones donde resultó reelecto el alcalde José Carlos Acosta Ruíz, bajo cuyo periodo de gobierno se han llevado a cabo diversos desalojos de esta índole.
Actualmente se encuentran interpuestas: denuncia contra los funcionarios mencionados ante la Fiscalía de los Servidores Públicos, queja ante la Contraloría de la Ciudad de México, demanda de Responsabilidad Patrimonial, denuncia por delitos ambientales ante la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) y Juicio de Nulidad interpuesto en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el que se dictó la nulidad de la resolución de la alcaldía Xochimilco.
A la fecha la alcaldía de Xochimilco no ha acatado la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Los afectados procederán con una demanda en materia civil solicitando la restitución del predio y pago de daños y perjuicios (Daño Moral), ya que se han violado todos los derechos de posesión.